El acceso a la salud reproductiva ha sido un hito en la legislación argentina gracias a la Ley 26.862 y sus normativas complementarias, garantizando procedimientos de reproducción médicamente asistida. Esta ley, junto con el Decreto Reglamentario 956/13 y la Resolución 1/E de 2017 del Ministerio de Salud de la Nación, respalda el derecho igualitario de acceder a estos tratamientos.
La inclusión de las técnicas de reproducción humana asistida en el Código Civil y Comercial, basada en el principio de la voluntad procreacional y el consentimiento informado, refleja la demanda y el reconocimiento creciente de la población hacia estos procedimientos médicos.
A pesar de esta base legal sólida, existen limitaciones claras en su aplicación, como restricciones en la cantidad de intentos o la congelación de embriones, que restringen el acceso completo a estos servicios, tanto en el ámbito público como privado.