Los familiares pueden, en ciertos casos de enfermedad mental, reclamar por la internación de su familiar. Para ello, se debe tener fundamentos claros en la normativa actual, y se basa en el padecimiento de una condición mental que pueda ser tratada con internación terapéutica para prevenir actos graves, inmediatos o cercanos que puedan dañar a esa persona o a otros. También puede ser necesaria cuando el tratamiento requiere que el paciente esté aislado por un tiempo. En resumen, la legitimidad de la internación depende de su justificación y razonamiento dentro de estos parámetros.

Es aconsejable, a su vez, tramitar expedientes de determinación de la capacidad para evitar obstáculos procesales. 

Las personas que están bajo cuidado institucional, sobre todo cuando están allí contra su voluntad, tienen derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud, la defensa y a ser tratados con respeto y dignidad. Aunque es cierto que tienen limitaciones debido a su situación de reclusión, es crucial reconocer, respetar y proteger sus derechos de manera especial. Tanto el Estado como las personas a cargo tienen responsabilidades legales para garantizar estos derechos y promover su cumplimiento, equilibrando así la situación desigual en la que se encuentran.